El abogado Eduardo Núñez, quien representa al empresario y exministro de Hacienda Donald Guerrero, reveló que su cliente notificaba por escrito a la Procuraduría General de la República cada una de sus entradas y salidas del país desde el año 2021, de manera voluntaria y detallada, lo que demuestra su actitud de colaboración con la investigación en su contra.
Núñez explicó que, cuando Donald Guerrero se enteró de que estaba siendo investigado, decidió notificar sus movimientos migratorios de manera diligente y por iniciativa propia, lo cual se puede comprobar mediante las comunicaciones oficiales dirigidas a la Procuraduría General de la República y la Certificación Para Fines Judiciales emitida por la Dirección General de Migración.
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Además, el abogado señaló que la solicitud de acceso a la carpeta fiscal que realizó el exministro en 2022 demuestra su compromiso con la investigación. La misma procuradora Miriam German reconoció mediante una carta que esto era un derecho constitucional e instruyó a que se le entregara, pero la PEPCA incumplió. Según Núñez, una persona que intenta sustraerse de la investigación no muestra interés en ella, y tampoco notifica rigurosamente cada uno de sus movimientos.
El abogado argumentó que la prisión preventiva es una medida de coerción extrema que debería aplicarse solo cuando las demás medidas cautelares fueran insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal, y que en el caso de Donald Guerrero, quien ha comparecido a todas las citaciones a pesar de haber enfrentado actos coercitivos, no se justifica. Donald Guerrero ha estado bajo investigación por más de dos años, ha contado con más de 50 oportunidades de salir del país y no lo ha hecho, lo que demuestra su disposición a colaborar con las autoridades.
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