Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), defendió los acuerdos entre imputados en casos de corrupción, como Calamar, Medusa, Pulpo y Coral, y el Ministerio Público.
Ortiz destacó que, a pesar de los acuerdos, los colaboradores del Ministerio Público igualmente serán condenados por la justicia. Puso como ejemplo a Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), quien fue condenado en el caso Pulpo tras hacer un trato con el órgano persecutor.
La jurista aclaró que estos acuerdos no son ilegales y no son una invención de la República Dominicana, citando ejemplos de países como Estados Unidos, donde se realizan pactos con imputados en busca de condenar a culpables mayores.
"En el caso Medusa hay más de 25 acuerdos con personas que fueron sometidas a la justicia. Muchas de estas personas admitieron su responsabilidad y aceptaron la pena, resultando en condenas y en la devolución del dinero," sostuvo Ortiz.
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Esta semana, el Ministerio Público garantizó que ninguna persona en su nómina ha participado en estos acuerdos. Desde 2020, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, el Ministerio Público ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con estos acuerdos, llevándolos todos hasta los tribunales sin aceptar intermediarios.
"Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse en la verdad, ser voluntario y no deberse a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y la estricta aplicación de la norma procesal penal vigente," explicó Ortiz.
El Ministerio Público también precisó que todos los acuerdos realizados se encuentran judicializados y se elaboraron en estricto cumplimiento de la ley. Solo se han firmado acuerdos para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados, desmintiendo categóricamente la realización de otros acuerdos para recibir cesiones u obras futuras.
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